Que el presidente Obama había convertido el cambio climático en uno de sus mayores desafíos es innegable, y precisamente por ello se enfrenta también a grandes fracasos. No siempre por contradicciones de su propia política, como cuando apoyó a Shell a perforar el Ártico, sino por causas ajenas, como ha ocurrido en este caso.
Esta vez, la Corte Suprema ha supuesto un freno al plan energético de Obama, concretamente a su política relacionada con la energía limpia. Un bombazo no tanto por resultar inesperado, sino porque, sencillamente, lo hace peligrar.
Un plan que peligra
Por lo pronto, el Tribunal supremo ha suspendido el America’s Clean Power Plan que Obama presentó este verano, con vistas a la conferencia sobre el clima de París (COP21), con el que para 2030 se preveía reducir en un 32 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la producción de energía eléctrica, tomando como base los registrados de 2005.
En junio próximo una Corte federal debe pronunciarse sobre esta decisión, tomada con el voto a favor de cinco jueces conservadores contra el parecer de cuatro progresistas. Según aquellos, el programa no podía aplicarse por varias razones, entre ellas la oposición manifestada por la industria y el procedimiento judicial instituido por 27 estados, la mayoría republicanos.
Los industriales, obviamente, quieren seguir utilizando energías fósiles a placer, y ven con malos ojos no tanto las penalizaciones sino la política de apoyo a las empresas que optan por energías verdes. Su intención, detener el plan, sin más historias.
Guerra abierta
En lo que respecta a la oposición federal, los estados en los que buena parte de la electricidad se produce a partir del carbón están en contra. A la cabeza, el procurador general de Virginia Occidental y un senador de Kentucky, Mithc McConnell, jefe de la mayoría republicana del senado.
Acusan a Obama de mantener abierta una «guerra contra el carbón» y sostienen que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) se extralimita en sus derechos a la hora de supervisar la aplicación del plan. Por su parte, los estados dirigidos por demócratas luchan por sostener el proyecto de Obama.