En términos ambientales, la transición energética no puede esperar. Habida cuenta del acelerado avance del cambio climático, el momento de la acción ya no admite retrasos. En este contexto, ir avanzando al ritmo que vaya marcando el Acuerdo de París es un objetivo global.
La Unión Europea anda en ello, pero según los ecologistas sus planes no serán todo lo efectivos que debieran, fundamentalmente porque pecan de seguir manteniendo los subsidios a los combustibles fósiles.
Las renovables, protagonistas
La Comisión Europea presentó el 30 de noviembre en Bruselas un nuevo paquete de medidas legislativas que, bajo el título «Energía limpia para todos los europeos» (goo.gl/sNOqWO), se concentran en la promoción de las energías renovables.
Fomentar el desarrollo de las energías renovables implicará la toma de numerosas medidas. Entre otras, por ejemplo, reducir las trabas burocráticas, abaratar el precio de la electricidad, acabar con el actual sistema de primas, fomentar el autoconsumo de energías limpias o un refuerzo de las conexiones eléctricas entre países.
Con ellas se pretende, en suma, alcanzar los aludidos objetivos europeos establecidos contra el cambio climático, una meta que los ecologistas ven complicada. No solo porque, a su juicio, el plan carezca de fuerza, sino también por la vigencia de los subsidios a las energías fósiles, conocidos como «pagos por capacidad».
Los activistas apuntan que mantenerlos es un lastre económico que beneficiará sobre todo al gas y también de cara a cumplir los compromisos internacionales.
El Acuerdo de París, exige que, como mínimo, un tercio de la energía proceda de fuentes renovables para 2030 y estas medidas esperan que en torno al 27 % de la energía consumida en la UE en dicho año provenga de las renovables. Asímismo, para entonces también se espera mejorar la eficiencia energética en la misma proporción y reducir el 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto a 1990.
Antes se espera cumplir con la meta de un 20 por ciento para 2020, ambos compromisos no vinculantes, que tienen en cuenta la media de toda la región comunitaria. Es decir, se depende de los planes nacionales y, cómo no, de su avance real.