El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) han firmado un convenio por el que ambos organismos se comprometen a colaborar en la promoción y el impulso de las energías renovables térmicas en edificación y que se concretan en los programas de Biomcasa (biomasa), Solcasa (solar térmica) y Geotcasa (geotérmica).
A estos programas se sumará, en los próximos meses, el denominado GIT (Grandes Instalaciones Térmicas), para financiar instalaciones de mayor potencia, especialmente indicado para redes de calefacción distribuida.
La energía consumida en los hogares supone, aproximadamente, un 16,7% del total de la energía primaria consumida en España, menos, lógicamente, de lo que consumen sectores como el Transporte o la Industria (40,2 y 30,4%, respectivamente), aunque por encima del correspondiente al sector Servicios, que es de un 9,3%.
Dentro de la energía consumida en el hogar, el 67% corresponde a usos térmicos (o sea, a la calefacción, un 46%, y al ACS o agua caliente sanitaria, un 21%). Por tanto, un 11,2% de la energía primaria total en España se consume en los hogares y en forma de calor. Por consiguiente, es esencial, si se quieren reducir las emisiones de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera y generar energías renovables y limpias, la implicación de los administradores de fincas.
La firma de este acuerdo, pues, significa un gran paso adelante en este objetivo. Se trata de informar y potenciar las ventajas medioambientales y económicas de este tipo de instalaciones, tanto para agua caliente sanitaria como para la calefacción y la climatización de los hogares. Además, a través de los programas del IDAE, se ofrecerá un sistema de financiación.
Las Empresas de Servicios Energéticos accederán a la financiación del IDAE una vez que hayan sido habilitadas dentro de cada programa y serán las que diseñen, ejecuten y mantengan las instalaciones en casa del cliente, tanto en edificios públicos como privados, debiendo garantizar al menos un 10% de ahorro respecto a la factura energética a partir de combustibles fósiles. En otras palabras, que el ahorro que se consiga por la instalación de generadores de energías limpias repercuta en el propietario del inmueble.