La Comisión Europea presentó a finales del pasado mes de noviembre un plan de desarrollo, dentro de la reforma eléctrica, con especial hincapié en el crecimiento y mejora de la red eléctrica para alcanzar los objetivos de descarbonización donde las renovables deben representar el 42,5% del consumo en el horizonte de 2030. El Ejecutivo europeo estima que será necesario invertir en infraestructuras más de medio billón de euros durante la década actual para apoyar la electrificación de la economía.
Una cifra muy abultada que precisará de fuertes inversiones para que la energía renovable llegue a las industrias, a la calefacción de las casas y también al transporte, principales responsables en la emisión de gases de efecto invernadero. Mientras se tramita en el Parlamento la aprobación final de la reforma eléctrica, la Comisión Europea abre la posibilidad a facilitar estas abundantes inversiones al mencionar el uso de distintos instrumentos de financiación de la Unión Europea (UE), como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), los Fondos de Cohesión (FC) o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (FRR), incluyendo su componente REPowerEU.
En el caso español, el coste del crecimiento y mejora de las redes eléctricas recae en el consumidor que mensualmente paga por ello en su recibo. Se trata de precios regulados, determinados por la propia CNMC, que se destinan a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución. La posibilidad de utilizar estos fondos exoneraría al cliente eléctrico de estos pagos, con la consiguiente rebaja en su factura mensual (algo que también persigue la reforma del mercado eléctrico).
Pero este cambio del paradigma energético europeo también tiene claras implicaciones para el Gobierno español y sus limitaciones a la hora de acometer los retos y compromisos de uso de energía limpia con la mejora y ampliación de las redes. España, por sus condiciones climatológicas excepcionales y las fuertes inversiones que se están produciendo en generación limpia, no puede echar por tierra estas ventajas por una red eléctrica que no lleve con eficiencia esta energía a los consumidores finales.
En 2013, en medio de una crisis global, el Gobierno de Mariano Rajoy estableció un límite anual a la inversión en redes de distribución, responsabilidad de las eléctricas, del 0,13% del PIB —unos 2.000 millones de euros—; y del 0,065% en transporte, responsabilidad de Red Eléctrica, el equivalente a 1.000 millones. Estos límites fueron modificados al alza excepcionalmente como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania durante los años 2020 y 2022, pero después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez restableció los límites anteriores. Un reciente informe de la consultora PwC señala que este sistema de retribución de las inversiones en redes no responde a los crecimientos en energías renovables y electrificación si se quiere cumplir con los objetivos nacionales y comunitarios. “Es necesario poder adelantar inversiones y eliminar el límite actual del 0,13% del PIB a la red distribución y del 0,075% del PIB a la red de transporte”, indican.
Ahora, con el plan de acción de la Comisión Europea, el gobierno español, que ha sacado pecho por conseguir el consenso de los ministros de Energía del bloque en la reforma eléctrica europea, tiene una oportunidad inmejorable para mejorar la infraestructura y no desaprovechar su posición privilegiada en la generación renovable al disponer de 23.000 millones de euros en fondos FEDER hasta el año 2027. Para ello, se requiere voluntad política por el Estado para dirigir estos fondos hacia redes, y una reforma que facilite el despliegue de las inversiones por las empresas, sin repercusión en las tarifas de los consumidores.
Los esfuerzos en la reforma eléctrica apuntados en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, prevé inversiones en redes por valor de 53.000 millones de euros, cantidad que para PwC resulta insuficiente al no recoger la revolución que se producirá en los próximos años con la electrificación de la economía que dé respuesta a los objetivos de descarbonización.
La consultora prevé con que el renovado PINIEC las inversiones alcancen los 5.631 millones de euros anuales, lo que supondría el doble de las realizadas con las limitaciones antes comentadas (2.750 millones de euros). Pero este importante esfuerzo resultaría aún insuficiente según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). España estaría invirtiendo 0,45 en redes por cada euro destinado a generación renovable, cuando la AIE estima que la cifra debería situarse en una horquilla de entre 0,70 y 1 euro.
Una mayor inversión en el refuerzo y digitalización de las redes que facilitará el despliegue de las renovables —otro de los objetivos de la reforma del mercado eléctrico— y que garantiza el acceso a las renovables a toda la demanda que, de manera creciente, quiere descarbonizarse. Solo si la industria, el transporte y la calefacción se electrifican se conseguirá una economía descarbonizada y competitiva, así como un mercado más dinámico.
Infraestructura de almacenamiento
El almacenamiento es otra de las infraestructuras decisivas en la transición energética que también persigue la reforma eléctrica. Dada la naturaleza intermitente de gran parte de las fuentes de energía renovable y las fluctuaciones en la producción, el almacenamiento representa uno de los desafíos más significativos en el proceso de descarbonización. Aunque se están investigando diversas fórmulas de almacenamiento, algunas de las cuales siguen siendo costosas o están lejos de alcanzar un desarrollo eficiente, las alternativas como las centrales de bombeo siguen perfilándose como la opción más eficiente para el almacenamiento a largo plazo y gran escala, brindando una complementariedad valiosa a fuentes como la solar o la eólica.
Las centrales de bombeo operan como una suerte de batería natural a gran escala y aprovechan los excedentes de energía eléctrica en momentos de baja demanda. En España, hay aproximadamente 20 GW de potencia instalada en centrales hidroeléctricas convencionales que almacenan agua en el embalse y, después de generar energía, liberan el flujo hacia el río o el mar. De este total, solo 3,3 GW corresponden a centrales de bombeo.