El impacto de la crisis sanitaria de la Covid-19 se está percibiendo de forma generalizada en la economía y en sectores concretos. Y uno de ellos es la energía eólica, ya que varios proyectos se han tenido que paralizar o ralentizar. Aunque se sigue trabajando y se hacen pedidos a los proveedores de componentes, lo cierto es que las entregas se están retrasando por causa de fuerza mayor.
El impacto
Estos primeros impactos han sido recogidos por el Consejo Global Eólico (GWEC) a través de su web. Esta entidad está haciendo un seguimiento de seis mercados con gran peso en el sector como es el caso de China, Alemania, India, España, Reino Unido y Estados Unidos.
Este seguimiento ha puesto de manifiesto que la mayoría de los desarrolladores están recibiendo avisos de los proveedores de componentes en los que explican que las entregas pueden retrasarse por causa de fuerza mayor.
Esto se traduce a su vez en posibles retrasos de proyectos en construcción y en el desarrollo de nuevos. Una situación que podría conllevar el incumplimiento de los plazos establecidos y que, a su vez, ponga en riesgo la elegibilidad de los créditos fiscales.
El impacto de la Covid-19 en el sector también se está percibiendo en la demora de los permisos, las cancelaciones de audiencias públicas y los retrasos en las colas de espera de interconexión de los proyectos.
A estos impactos, hay que añadir también la negociación del arrendamiento de tierras y la incertidumbre financiera por la duda en torno a las extensiones de los créditos fiscales de inversión y créditos fiscales de producción.
Medidas
Ante esta situación, en el sector de forma generalizada se piden medidas de estímulo y apoyo económico. Por ejemplo, en países como EEUU, la industria eólica ha solicitado que los paquetes de medidas anunciados por la Administración federal contemple la extensión de los créditos fiscales de inversión y producción de cuatro a seis años para los proyectos comenzados con posterioridad al 31 de diciembre de 2015.
También se demanda, entre otras medidas, asegurar una provisión de pago directo igual al 100% del valor de estos créditos con el fin de poder hacer frente a posibles disminuciones en la disponibilidad del equilibrio fiscal.
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