El Gobierno de España ha aprobado un real decreto ley que recoge un parón a la instalación de nueva potencia renovable con prima mediante la supresión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos tanto a las energías renovables como a la cogeneración y la producida a partir de residuos. Si el anterior Gobierno hizo mucho daño al sector de las renovables, el nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy, no sólo continúa en esa línea de poner trabas a desarrollar las energías renovables, sino que ahonda aún más en el problema.
Según el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la medida se aplicará de forma temporal. Además, justificó esta decisión con los 7.220 millones de euros que, previsiblemente, se destinarán a las primas al régimen especial en 2012. El 70% del importe corresponde a energías renovables.
En fin, una más de las medidas de ahorro para reducir el déficit público. Sólo que, en este caso, a la larga, si no se desarrollan las renovables, el gasto energético indudablemente aumentará, pues dependerá de fuentes de energía como los combustibles fósiles, susceptibles de un aumento de los precios.
La medida no es retroactiva, por lo que no afecta a ningún derecho adquirido por los actuales promotores. El ministro señaló que la medida forma parte de un paquete más amplio sobre el sector energético. En cambio, de momento el Gobierno no se ha planteado ninguna tasa sobre la nuclear.
Se calcula que esta suspensión de primas impedirá la instalación de 500 megavatios (MW) de energía renovable. Eso sólo contando los proyectos a la espera de entrar en el registro. Esto evitará el pago de incentivos por un valor de 160 millones de euros al año.
La Asociación de la Industria Fotovoltáica (ASIF) ha advertido de que el parón a la instalación de nueva potencia renovable con prima supondrá la destrucción de cientos de miles de empleos en el sector. También la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha expresado su preocupación ante esta medida que les ha pillado de sorpresa y ha afirmado que la medida pone en peligro a la industria. El presidente de la Fundación Renovables, Javier García García Breva, considera que la decisión del Gobierno es un gravísimo error histórico que retrasará el desarrollo tecnológico e irá contra una industria nacional que ha sido líder mundial hasta ahora.
Por último, organizaciones ambientalistas como Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que la medida demuestra la falta de compromiso del Gobierno con el desarrollo sostenible, además de condenar al paro a decenas de miles de personas y paralizar uno de los pocos sectores del país que tenía perspectivas de progreso y exportación. Además, no tiene en cuenta la normativa europea que obliga a los países miembros a desarrollar las renovables.