La central nuclear de Garoña, en España, ha anunciado que no solicitará la renovación de la licencia de explotación. La central pertenece a las empresas Iberdrola y Endesa. Anpier (Asociación de Productores e Inversiones de Energías Renovables) considera que el Gobierno debería revisar las ayudas millonarias que cada año reciben estas empresas eléctricas en concepto de lo que se denomina «moratoria nuclear», 64 millones de euros en 2011, que aumentan el déficit de tarifa.
Según los cálculos realizados por Anpier, desde que se instaurara esta compensación anual, las grandes compañías eléctricas españolas han recibido más de 4.000 millones de euros por la moratoria nuclear, lo que supone, aproximadamente, un 17 % del déficit de tarifa acumulado, que asciende a 24.000 millones de euros.
Por otra parte, la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible gastado, y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, constituye un servicio público que se reserva a la titularidad del Estado: la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (Enresa) se ocupa de la gestión de este servicio con su correspondiente impacto en los presupuestos generales del Estado.
Pero, los megavatios que produce la central de Garoña podrían generarse con paneles fotovoltaicos que ocuparan una superficie equivalente al Aeropuerto de Barajas. De este modo, se apostaría por una energía sostenible, limpia y segura, que supondría, además, la creación de 2.146 puestos de trabajo. Hay alternativas mejores que la nuclear.
Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria y Energía desde 1993 hasta 1996, señaló en un artículo que las empresas eléctricas del país se embarcaron en un «proceso de inversión faraónico», derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constadas de la demanda eléctrica en España.
Incluso la Unión Europea está muy pendiente de la nueva reforma del sector. Recientemente ha advertido de que existe una competencia insuficiente en el sector energético, lo que ha llevado a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares.