Política de renovables: Suecia y España, dos casos opuestos

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La Agencia Internacional de la Energía ha felicitado a Suecia por su política energética. El país escandinavo está logrando una economía baja en carbono de forma rentable y beneficiosa para el consumidor y para su propia economía. En España, en cambio, el Gobierno pone trabas al desarrollo de las energías renovables, precisamente cuando es un territorio que tiene un enorme potencial de producción de solar y eólica.

Unesa (asociación que agrupa a las grandes compañías eléctricas españolas) quiere que la seguridad jurídica de la fotovoltaica desaparezca, lo que pondría en riesgo la inversión, no sólo de los particulares, sino también de los fondos de inversión internacionales, que huyen de un país en el que no se sienten seguros. Mientras, los políticos de uno y otro color se llenan la boca con el término de la “marca España”.

Hace años, la tecnología solar era muy cara y no resultaba rentable. Por ello, se subvencionaba. Actualmente, hay una paridad en el coste de producción y las empresas que generan energía de forma sucia opinan que la renovables no deben recibir ayudas. Una vez más, sólo se toman en cuenta los criterios económicos. Las energías renovables crean empleo, activan la economía y reducen el déficit del Estado al evitar importaciones de petróleo. ¿No son razones suficientes para seguir subvencionando estas energías?

Además, como denuncia la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), existe una cierta hipocresía en la actitud de Unesa. En los años ochenta del siglo XX, el Gobierno de España estableció la moratoria nuclear. Desde entonces, los españoles abonan a las eléctricas una compensación que ha alcanzado más de 2.000 millones de euros sólo en la última década. ¿Es justo pagar por la nuclear y no por las energía limpias?

Suecia crece, al tiempo que reduce sus emisiones

Pero volvamos a Suecia. En dicho país miran al futuro y apoyan la innovación tecnológica. De este modo, han conseguido que la reducción de emisiones de gases contaminantes sea rentable y resulte beneficiosa para el propio consumidor. Es uno de los países que más esfuerzos está haciendo para conseguir cuanto antes una transición a una economía verde, y así lo ha reconocido la Agencia Internacional de la Energía. Pero no por ello se van a dormir en los laureles. Todo lo contrario.


Suecia tiene ambiciosos objetivos, como lograr un parque automovilístico independiente de los combustibles fósiles en 2030 o conseguir un balance neto cero de emisiones de gases de efecto invernadero en 2050. Un país que no contamine y no contribuya al cambio climático. Eso es responsabilidad con sus ciudadanos y con todo el planeta.

Pero, ¿cómo lo han conseguido? En primer lugar, con un sistema de certificados verdes de electricidad, de modo que el coste no repercute en los consumidores. Las empresas apenas emiten carbono y los combustibles fósiles suponen una aportación muy baja al mix energético del país. Las empresas apuestan por las energías limpias porque quien contamina paga: se aplica una rigurosa tasa a las que emiten CO2.

Distribución ineficiente en España

En España, hay un asunto del que no se habla tanto y que afecta a la factura eléctrica de ciudadanos y empresas. El ineficiente sistema de distribución, que también está controlado por las empresas que pertenecen a Unesa, y que cobraron, en 2012, 3.300 millones por la gestión de las redes de baja tensión. Se prevé que este 2013, con una demanda eléctrica que no variará mucho respecto al año anterior, van a cobrar 5.500 millones, un 40% más. Es el injusto sistema de subasta de electricidad que, además de resultar muy caro, pone la gestión de las redes en manos poco eficientes.

En cambio, la fotovoltaica, durante este 2013, verá mermada su retribución en un 40%, debido a los sucesivos recortes de las ayudas.

En Suecia, desde 1991, las emisiones de CO2 se han reducido en un 9%, mientras que el PIB se ha incrementado en un 50%. Por tanto, sí se puede crecer mientras se reducen las emisiones. El país tiene una tasa de paro del 8,1% y una dependencia energética del 37%. Políticas a largo plazo, políticos que gobiernan para los ciudadanos y no para las grandes empresas.

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