Desde el 9 de enero de 2013, los propietarios de inmuebles en venta o en alquiler en la Unión Europea estarán obligados a presentar una certificación energética de sus casas. El objetivo está claro: obligar a que los edificios de Europa ahorren energía gracias a la eficiencia energética.
Algunos Estados miembros no han preparado aún su legislación nacional para desarrollar la política que marca Europa. El Gobierno español, por ejemplo, aún no ha regulado la certificación energética de edificios. Queda poco tiempo.
Cualquier ciudadano de la Unión Europea que quiera vender o alquilar un inmueble de más de cinco años de antigüedad, a partir de 2013 tendrá que contar con la certificación energética. Además, las agencias inmobiliarias tendrán la obligación de informar sobre este asunto. Algunas, ya han empezado a hacerlo.
El certificado será parecido al que se usa en otros ámbitos, como el de los electrodomésticos. En el caso de los edificios, deberá informar sobre calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, aislamiento, generación de energía o electrodomésticos. Los edificios más eficientes obtendrán una calificación de clase A. Los menos eficientes, de clase G. Éstos serán las casas de mayor consumo energético y, por tanto, con unas facturas eléctricas más altas.
¿Bajará el precio de los pisos menos eficientes?
En teoría, los edificios que obtengan una calificación baja (entre la D y la G), bajarán su precio al ser de menor calidad. En teoría… Todo dependerá, en buena parte, de los propios compradores. Tendrán información útil, pero es seguro que la usen adecuadamente. Pensando en el largo plazo, si se compra o alquila una vivienda eficiente, se consigue ahorrar dinero. Ojalá lo tengan en cuenta.
Por otra parte, la medida aumentará las inversiones en eficiencia energética, lo que debería crear empleo en el sector. Los técnicos que elaboren las certificaciones ofrecerán al propietario una estimación de la inversión necesaria para la reforma. Deberían, además, hacer un cálculo de lo que ahorrarían si llevan a cabo las reformas.
No parece serio que a día de hoy (17-12-2012) no se haya producido la aprobación definitiva en consejo de ministros después de que el gobierno se comprometiera en junio vía BOE a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2013.
Se crea mucha incertidumbre tanto en el sector inmobiliario, como en el de los profesionales y empresas que van a prestar este tipo de servicios.
Como informació adjunto un estudio del impacto de esta normativa en la UE la cual ha sido muy beneficiosa.