Greenpeace lo tiene claro: considera nefasta la política estatal en relación a las renovables, pues creen que tiene como objetivo acabar con la competencia de las compañías eléctricas, y su fin no es otro que desmantelar el tejido de las energías limpias.
Dentro de esta opinión se enmarca el contundente rechazo que la organización ecologista manifiesta frente a la propuesta del Partido Popular de traspasar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) parte de las primas de apoyo a las energías renovables.
En concreto, la propuesta aspira a convertirse en una enmienda al Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que también pertenece al mismo Gobierno.
¿Pero, por qué tanto enfado por parte de Greenpeace? Por un lado, se considera un descalabro político no apoyar a España para mantener el liderazgo mundial conseguido en el desarrollo de las energías verdes en un pasado cercano. Por contra, la organización considera que se hace algo aún peor que no ayudar, pues todo son lastres: critica la moratoria impuesta a principios de este año, que dejaba sin apoyo cualquier nuevo proyecto de energías renovables, las primas impuestas a las renovables y, ahora, la pretensión de traspasar a los PGE el 38 por ciento de las primas que reciben las instalaciones que ya están en operación.
El resultado, a su juicio, no sería otro que aumentar la incertidumbre política, algo que, es más que sabido, desalienta las inversiones, pues cada año habría que estar a las partidas que finalmente se incorporasen o no en los Presupuestos con este fin.
Greenpeace considera que el afán recaudatorio se suma ahora a esta incertidumbre, con el único objetivo de beneficiar a las grandes compañías eléctricas, que no consiguen tantos beneficios como pensaban con sus centrales térmicas de gas, pues éstas funcionan menos horas al dar prioridad a la generación renovable.