Los colectivos implicados en las energías renovables, tanto empresariales como relacionados con la investigación, están realizando todo tipo de manifestaciones contrarias a la política energética gubernamental, cuyas reformas las cosen a impuestos al tiempo que eliminan las primas. Tras pronunciarse hace escasos días el de la biomasa, el eólico lo hace ahora, y no precisamente para demostrar su contento por los recortes.
Según la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, el sector dejará de ingresar la friolera de 600 millones de euros en España durante 2013 tanto por el nuevo impuesto del 7 por ciento a la producción eléctrica como por los recortes en subvenciones. Es más, mirando más allá, de seguir así las cosas la éólica sufrirá una merma de cerca de 6.000 millones de euros hasta 2020.
Sicre no se andó con chiquitas y desató vientos huracanados cuando criticó la total falta de diálogo del Gobierno con el sector eólico en particular y con el de las renovables en general. Una ausencia de entendimiento que, entonces, se habría producido por pasiva, y que han dado como resultado la adopción de unas “medidas dictatoriales y equivocadas” que dañan a la eólica en gran manera.
Acudir a los tribunales
Pero no sólo eso, porque además de una equivocación, Sicre considera que son ilegales, lo que motivará que la AEE acuda a los tribunales si las cosas no mejoran, es decir, si el Real Decreto Ley aprobado sobre la materia no se deja sin efecto cuanto antes. Un extremo al que recurrirán sin dudarlo, aún considerando que hacerlo no es deseable, pues la judicialización no es “nunca el mejor camino para nadie”.
En concreto, la portavoz de AEE considera que las últimas medidas “son retroactivas, quiebran el principio de rentabilidad razonable y generan inseguridad y pérdida de confianza”. Ello, lógicamente, ahuyentará a posibles inversiones pues, más que disuadirlos, los obligará a poner pies en polvorosa en cuanto huelan el marco legal que les espera en España. Por último, la asociación también ha anunciado que emprenderá acciones en la Unión Europea por vulneración de las directivas sobre el necesario incentivo de las renovables.