El aceite de palma está desde hace unos años en el punto de mira por no tener tantas propiedades saludables como inicialmente se pensaba y también por todo el proceso de deforestación que se está produciendo en algunas zonas que concentran esta producción. Esto ha hecho que cada vez más empresas e industrias dejen de emplearlo. Y, ahora, también empieza a ser un hecho en algunos países. Entre ellos, destaca Alemania que ya ha anunciado que deja de utilizar el aceite de palma para producir biocombustibles.
La medida
Esta intención de Alemania no tendrá efecto inmediato. De acuerdo con el anuncio realizado, el país dejará de usar el aceite de palma para producir biocombustibles a partir del año 2023.
Este recurso supone alrededor del 3,9% de la materia prima que se emplea en el país en el proceso de elaboración de biodiésel. La intención de Alemania es establecer una cuota para el uso mínimo de materiales de desecho para la producción de biocombustibles.
El ministerio de Medio Ambiente alemán ha explicado que no es aceptable talar bosques, secar páramos y destruir naturaleza para producir biocombustibles. Unos motivos por los que se han decido a dar este paso, aunque la medida ya había sido adelantada por el Ejecutivo alemán en febrero pasado. En este momento, ya se dejó claro que no se emplearía aceite de palma para estos fines.
Restricciones
La Comisión Europea ha endurecido las normas sobre el uso del aceite de palma. Una línea de acción que se ha adoptado porque el empleo de este producto tiene una estrecha relación con la deforestación de los países productores. La directiva sobre energías renovables de la Unión Europea recoge que los combustibles con base de aceite de palma tienen que desaparecer en el horizonte de 2030.
Las principales zonas productoras y en exportación son Malasia e Indonesia. En ambos países no ha gustado la medida e, incluso, se ha llegado a apuntar que se llevará a la Unión Europea a los tribunales por estas restricciones.
El pasado mes de mayo, la Organización Mundial del Comercio (OCM) aceptó la petición de Malasia para la creación de un grupo especial para examinar la medida de la Unión Europea por considerarla discriminatoria.
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