Ayudas a la fotovoltaica en toda la UE; déficit de tarifa, sólo en España


Algo huele a podrido… no en Dinamarca, sino en España. Las grandes empresas eléctricas y no pocos políticos arremeten contra las ayudas a las renovables y las acusan de ser la causa del déficit de tarifa: lo que los consumidores de electricidad deben a las grandes empresas. Pero el problema no son las ayudas. La clave se encuentra en la visión política y social.

Las ayudas de las instituciones públicas son en muchos casos necesarias. La ONU ha dicho en numerosas ocasiones que se deben desarrollar las energías que no contaminen y sean asequibles y fiables. Si, para ello, se necesitan ayudas, bienvenidas sean. Hay que pensar más allá del dinero y del beneficio económico: con las renovables se protege el medio ambiente y se fomenta una mayor seguridad energética. Se reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y se consigue independencia energética. En definitiva, a largo plazo, las renovables significan desarrollo económico del país, aumento de empleo y garantiza el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.

El Gobierno de España ultima un texto que reformará el marco energético. Según parece, se establecerá una tasa a la generación de electricidad para intentar controlar el déficit de tarifa. ANPIER (Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables) recuerda que sería abiertamente inconstitucional la imposición de una tasa a la producción de energía fotovoltaica.

ANPIER opina que, si se tiene que establecer algún tipo de fiscalidad a la generación de energía, debería aplicarse según criterios de seguridad y sostenibilidad, es decir, dirigirse exclusivamente a energías como la nuclear o los combustibles fósiles, peligrosas para la sociedad y el medio ambiente.

En esta situación de crisis económica no se pueden primar los intereses cortoplacistas de tres empresas. El futuro modelo energético español no puede estar condicionado por un oligopolio. El déficit tarifario comenzó en 2000, mucho antes de que se establecieran las primas para fomentar el desarrollo de las energías renovables. También cabe señalar, en este sentido, que varios exministros y expresidentes del Gobierno (de los dos partidos que han gobernado en las últimas décadas, PP y PSOE) están ahora integrados en el equipo directivo de las grandes empresas de energía cobrando sueldos desproporcionados.

La UE critica la política energética española

Desde la propia Unión Europea, a través de una recomendación del Consejo de Europa sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015, se avisa de que hay “una competencia insuficiente en el sector energético, lo que ha contribuido, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como las centrales nucleares“. Y se añade que “la suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020”.

ANPIER ha solicitado a la Comisión Nacional de la Energía y al Ministerio de la Presidencia que informen a los españoles sobre las verdaderas causas del déficit de tarifa, qué conceptos se abonan en la factura de la luz, cuál es el mecanismo que fija el precio del kWh y qué impacto ambiental supone cada modalidad de generación.

Ayudas a la energía fotovoltaica existen en todos los países de Europa. Sin embargo, el déficit de tarifa sólo lo soportan los españoles. Algo falla.

Los productores de energía fotovoltaica ya soportan un recorte medio retroactivo del 30%. ¿Qué ocurrirá si son castigados con una nueva carga” Las primas a las renovables se establecieron para incentivar el desarrollo de energías limpias y sostenibles, una inversión que ha permitido el desarrollo nacional e internacional de un tejido industrial dinámico e innovador, gracias al cual los costes de fabricación de los paneles fotovoltaicos han bajado un 70% en cuatro años y ha contribuido a que Alemania instalara, entre 2010 y 2011, una potencia de 14.906 MW de energía fotovoltaica, frente a los 628 MW que se instalaron en España durante ese mismo periodo.

ANPIER promueve una iniciativa legislativa popular para favorecer la implantación en España de un modelo energético seguro, sostenible y transparente, siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea, con el ejemplo de modelos avanzados como el de Alemania, cuyas nucleares cesarán su actividad dentro de nueve años.

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