Una vez más, las decisiones políticas son poco menos que incomprensibles. Un Gobierno, en este caso, el de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, decide crear un impuesto a las renovables, al que han llamado Ecotasa. Ya se sabe que, en los tiempos que corren, todo tiene que tener un nombre más o menos publicitario. ¿Y qué va a gravar este impuesto? Las plantas hidroeléctricas y las eólicas. En otras palabras, energías que no contaminan. Aquí, en vez del famoso «el que contamina, paga», se ha dado la vuelta a la tortilla y queda como «el que no contamina, paga».
Para la organización Ecologistas en Acción, la Junta de Castilla y León, con su presidente, Juan Vicente Herrera, a la cabeza, se olvida de las centrales térmicas y de la central nuclear de Garoña, mucho más contaminantes.
Así, la organización ambientalista, ante el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León por el que se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, considera que la creación de la denominada Ecotasa, con la que se pretenden recaudar 60 millones de euros, no constituye una medida de interés medioambiental, sino un castigo añadido a las energías renovables mientras se beneficia a las energías sucias. El mundo al revés, vamos.
Especialmente llamativo es que se dejen fuera de esta Ecotasa a las centrales térmicas de carbón y gas y a las centrales nucleares. Ecologistas en Acción denuncia una campaña emprendida contra las energías renovables por parte de las grandes compañías eléctricas y las autoridades públicas que se encuentran a su servicio en vez de estar al servicio de los ciudadanos. Salvan el carbón y el gas, así como el maltrecho y criticado sector nuclear.
En definitiva, sería mucho más coherente imponer la Ecotasa a los propietarios de la central nuclear de Garoña, de las cuatro grandes centrales térmicas de carbón y de las 70 plantas de cogeneración con gas que actualmente funcionan en Castilla y León, todas con un impacto ambiental muy superior a las energías renovables en términos de emisiones de gases de invernadero y tóxicos y generación de residuos peligrosos. ¿Quién gobierna: los que votan los ciudadanos o las grandes empresas?