¿La deuda fotovoltaica amenaza el sistema financiero?


Que el déficit de tarifa alcance cifras de escándalo no tiene por qué derivar en una medida tan extrema como recientemente exigió el rescate bancario español, pero hay que reconocer que sirve bien como campaña devaluante contra las energías renovables. Ni, en el otro extremo, puede afirmarse que la deuda fotovoltaica amenace el sistema financiero, por muy grande que ésta sea.

Tiene su pegada como arma arrojadiza de la patronal eléctrica o Unesa, y lo mismo ocurre cuando los atribulados dueños de un buen número fotovoltaicas advierten de un posible colapso financiero, al no poder asumir su deuda por los tan traídos y llevados recortes a las energías renovables.


En concreto, han sido los productores de energía fotovoltaica y termosolar los que han querido poner los puntos sobre las íes con este planteamiento. Según afirman, su deuda de cerca de 20.000 millones de euros con los bancos es una auténtica bomba de relojería, ante la que dicen tener cada vez más dificultades de responder. Una impotencia que, de seguir agravándose, podría poner en jaque el mismo sistema financiero, asegura la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).


A partir de este planteamiento, la UNEF avanza que los acreedores podrían verse en la tesitura de refinanciar las deudas o de asumir su devolución, haciéndose con ellos, algo que sería un negocio ruinoso para los bancos por la incertidumbre del mercado y el momento crítico que vive el sector.

Propuesta de solución

“¿Qué va a hacer la banca con 59.000 instalaciones fotovoltaicas?”, espetan desde la organización, que ve venir una masiva devolución de llaves si las cosas siguen así, un problema que afectaría al sistema financiero internacional, que financia un tercio de los 30.000 millones de deuda solar que hay actualmente.

Para evitarlo, se propone, lógicamente, frenar la tónica de los últimos tres años, en los que se ha recortado un 30 por ciento (real decreto ley 14/2010), un 7 por ciento (ley 15/2012) y un 2,4 por ciento (real decreto ley 2/2013) aplicados en apenas tres años. En concreto, se comunica al Gobierno que las bajadas de primas sean proporcionales a la caída de la demanda, siempre que también suban si ésta aumenta y de que los proyectos tengan asegurada su rentabilidad mínima. Sólo así se evitaría el desastre.

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