La reforma eléctrica europea que los ministros de los 27 aprobaron a mediados de octubre y que ahora debe refrendar el Parlamento Europeo tiene como objetivo troncal acelerar la transición energética y favorecer las inversiones en energías limpias para alcanzar la comprometida neutralidad en carbono.
Al margen de los acuerdos sobre el funcionamiento del mercado eléctrico para proteger al consumidor y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, la reforma eléctrica solo llevará su propósito a buen puerto si los estados miembros aceleran la ampliación y modernización de unas redes que tienen una vida media de unos 40 años y que no están preparadas para atender al crecimiento de las energías de origen renovable producidas de forma deslocalizada.
Mientras se tramita en el Parlamento la aprobación final de la reforma eléctrica, la Comisión Europea acaba de presentar un plan de desarrollo que estima que será necesario invertir en infraestructuras más de medio billón de euros durante la década actual para apoyar la electrificación de la economía.
Solo la modernización y la expansión de las redes de transmisión y distribución permitirá garantizar el acceso a las renovables de una demanda que, de manera creciente, quiere descarbonizarse. Únicamente si la industria, el transporte y la calefacción —principales elementos de contaminación de nuestras economías— se electrifican, se alcanzarán los objetivos de descarbonización y competitividad planificados.
Aunque el ‘plan de acción’ de Bruselas no da excesivos detalles sobre la financiación, sí menciona la posibilidad de utilizar distintos instrumentos de financiación de la Unión Europea (UE), como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), los Fondos de Cohesión (FC) o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (FRR), incluyendo su componente REPowerEU.
España, que tiene (auto-) limitadas por ley las inversiones en redes, tiene una oportunidad de oro para mejorar la infraestructura y sacar partido de su posición privilegiada en la generación renovable al disponer de 23.000 millones de euros en fondos FEDER hasta el año 2027.
El uso de estos fondos podría permitir no cargar en las facturas de los usuarios el coste de la mejora de unas infraestructuras que, además de modernizarse, necesitan ser más inteligentes e innovadoras y requieren una agilización de los procesos administrativos (otra de las prioridades de la reforma eléctrica) por los que, hasta ahora, un proyecto energético puede tardar hasta diez años en conectarse a la red.
El Ejecutivo español, que ha presumido de su capacidad negociadora a la hora de conseguir el consenso de los ministros de energía del bloque en la reforma energética, debe decidir en los próximos meses si aplica en tierra propia de forma coherente los principios de la reforma tras sugerir que revisará un mercado marginalista que es uno de los tótems de la reforma eléctrica europea y que seguiría gravando los ingresos de las eléctricas en contra de la tendencia en el bloque.
Desafíos ante la reforma del mercado eléctrico: obstáculos y oportunidades para la modernización energética
En la vital remodelación de las infraestructuras eléctricas, el Ejecutivo también deberá enfrentar algunas incoherencias y tomar medidas legislativas ya que una norma que se puso para dar respuesta a una situación coyuntural sigue en vigor, limitando las inversiones en redes. En 2013, en medio de una crisis global, el Gobierno de Mariano Rajoy estableció un límite anual a la inversión en redes de distribución, que acometen las empresas de distribución eléctrica, del 0,13% del PIB —unos 2.000 millones de euros—; y del 0,065% en transporte, responsabilidad de Red Eléctrica, el equivalente a 1.000 millones. Estos límites fueron modificados al alza excepcionalmente como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania durante los años 2020 y 2022, pero después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez restableció los límites anteriores, a pesar de que su receta económica es expandir el gasto para estimular el crecimiento, especialmente en dos áreas; digitalización y electrificación.
Estos límites pueden convertir en papel mojado los objetivos del borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) remitido a Bruselas, que también han sido cuestionados por su falta de ambición. Esta nueva hoja de ruta energética ha elevado a 52.920 millones de euros las inversiones en redes, un montante que representa el 18% de las inversiones totales de la década. O, dicho de otro modo, proyecta inversiones de 0,45 euros en redes por cada euro invertido en capacidad de generación renovable, muy lejos de los 0,67 euros por euro renovable que considera imprescindible la patronal europea Eurelectric y muy por debajo de los 0,85 euros de media que estima la Agencia Internacional de la Energía.