Los recortes en servicios públicos afectan con dureza a los ciudadanos, en especial, a los menos favorecidos, a los más pobres. Desde muchos ámbitos de la sociedad se pide a los gobiernos europeos que busquen alternativas a estos recortes. En España, asociaciones en defensa de las energías renovables claman por formas de ahorro que puedan ser llevadas a cabo de manera inmediata.
En concreto, Probiomasa propone reducir parte de estos recortes con la potenciación de la energía procedente de la biomasa, ya que es uno de los mayores sumideros de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y permite un ahorro al Estado de 837 millones de euros en el sistema de compra de emisiones durante el período de vigencia del PER 2011-2020.
Probiomasa ha decidido no cambiar de lema: «Por el empleo, la sostenibilidad y el desarrollo rural». Destaca en esta corta frase ese sentido social del sector. Para la asociación, la recuperación económica pasa por la inmediata creación de empleo. Por ello, pide al Gobierno, y, en concreto, al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que incluya todos los tipos de biomasas en las medidas anunciadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y para no tener que adquirir derechos de emisión en el extranjero.
Probiomasa se refiere a la nueva estrategia general de lucha contra el cambio climático, que cuenta con un plan de empleo en el sector forestal ligado fundamentalmente a la reforestación y al uso de la biomasa. Piden a Arias Cañete que entre las 19 medidas anunciadas se incluya, con carácter prioritario, la potenciación de las biomasas.
Según cálculos de Probiomasa, se ahorrarían 507 millones de euros en biomasa eléctrica y 331 millones en la térmica, ya que no sería necesario comprar derechos de emisión. Las biomasas eléctricas incluyen el biogás y FORSU (fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos). Los 331 millones de euros que se ahorrarían a través del uso de las biomasas térmicas serían por su utilización en edificación y en el sector industrial.
No sólo se evitaría el aumento del gasto público, sino que generaría nueva actividad y, de modo inmediato, la creación de empleo en el medio rural, agrícola, forestal y ganadero.