El Reino Unido ha anunciado una nueva ley sobre la compra de energía por parte de la Administración Pública que pretende aumentar progresivamente la compra de energía que provenga de fuentes renovables. El sector, lógicamente, ha celebrado el anuncio. La idea es que, si el Estado va a comprar más energía renovable, las empresas del sector pueden invertir con la seguridad de que va a existir una demanda y, por tanto, van a vender su electricidad.
Por otra parte, el Gobierno se compromete a reducir el consumo energético. Ambas medidas disminuirán la emisión de dióxido de carbono (CO2). Con todo, los grupos ecologistas se quejan de la indefinición del plan.
En principio, el gas natural, así como el resto de combustibles fósiles, lo van a tener cada vez más difícil en términos de competitividad en el mercado de energía británico. Con el apoyo a las renovables, se combate el cambio climático, se crea empleo y se activa la economía.
La Administración Pública del Reino Unido es, en realidad, el mejor cliente de las eléctricas, así que si se compromete a comprar electricidad procedente de renovables, las empresas proveedoras tendrán que aumentar su inversión en el sector si no quieren quedarse sin unas ganancias aseguradas.
¿Es suficiente?
En una primera fase, se apoyarán las fuentes de energía no intermitentes, como la energía a partir de biomasa o de residuos. Después, se ampliará el plan a otras fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar.
La compra de energía renovable del Gobierno del Reino Unido supone el 42%. Con la nueva legislación se espera que los inversores sigan apostando por este tipo de energía en el país. El compromiso es llegar a comprar el 50%. ¿Es suficiente? La mitad renovable y la otra mitad contaminante. Parece muy beneficioso para las empresas y la economía, pero ¿es suficientemente beneficioso para el medio ambiente?