El Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, del PP, recorta y reforma, reforma y recorta, para tranquilizar a los mercados, dice, para atraer la inversión, dice. Pero los propios inversores lo desmienten. Al menos, en el sector de las energías renovables.
Once fondos de inversión internacionales han remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al ministro de Industria, José Manuel Soria, en la que advierten que el carácter retroactivo de la reforma energética que está elaborando el Gobierno causaría un daño irreparable por la inseguridad jurídica que supondría para las renovables. Más claro, agua: si no se protegen las renovables, los inversores se llevarán su dinero a otros países.
Esta carta se ha remitido también a los embajadores en España de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Alemania. No quieren que su aviso quede silenciado.
El documento expresa la inquietud de los inversores internacionales ante la inminente aprobación de la reforma energética y lamenta la incertidumbre y el retraso en las soluciones del Gobierno, así como la opacidad con la que actúan. No hace mucho, la la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) también avisaba de los problemas financieros del sector fotovoltaico español.
Dada la situación de la economía española, la incertidumbre jurídica perjudica la credibilidad de España en los mercados y entre los inversores extranjeros en el sector. Ya se han suspendido importantes proyectos de inversión. Las renovables pueden crear empleo e impulsar la economía, pero el Gobierno del PP no parece darse cuenta.
Las firmas de inversión que han remitido la carta son, entre otras, Ampere Equity Fund, Antin Infraestructures Partners, Cube Infraestructures, Eiser Infraestructures Partners, HgCapital, Infrared Capital Partners, KGAL, KKR, MEAG, RREEF Infraestructure y Riverstone Holdings.
Cualquier solución fiscal, han indicado, solo sería aceptable si se aplica a todas las tecnologías y si su base imponible es el megavatio hora (MWh) y no el volumen de ingresos o la eficiencia de la instalación. También apoyan medidas como la conocida como «tasa Robin Hood», que gravaría los beneficios netos. Por último, aseguran que la reforma sería un desastre si las medidas fiscales van encaminadas a aliviar las cuentas públicas y no a subsanar el problema del déficit de tarifa.