En vez de apoyar las energías limpias y renovables, en España se pone trabas a su desarrollo. Más impuestos, retirada de ayudas… incomprensibles decisiones de las administraciones públicas. Desde que se produjo el cambio de normativa para la energía solar, su desarrolló se estancó. Ahora parece que le ha llegado el turno a la eólica.
Para tratar este asunto, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha celbrado una reunión en Madrid a la que han asistido asociaciones de las diferentes comunidades autónomas para debatir la situación del sector y encontrar nuevas vías de colaboración y diálogo. Asistieron representantes de las asociaciones eólicas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Galicia. Todos coincidieron en la necesidad de que exista una mayor coherencia entre la regulación que dicte el Gobierno central y la de las comunidades autónomas. Así mismo, las asociaciones destacaron la urgencia de un nuevo marco regulatorio que dé estabilidad al sector y del Plan de Energías Renovables 2011-2020.
AEE expuso las peticiones del sector al Gobierno en torno a la nueva regulación. Es importante que la norma se base en el sistema actual, ya que, según ellos, ha funcionado bien, y, además, que tenga en cuenta las características diferenciales del sector eólico y que garantice la rentabilidad razonable de los proyectos.
Las demás asociaciones estuvieron de acuerdo, al igual que con la necesidad de que el nuevo PER contenga, al menos, los mismos objetivos que el PANER enviado a Bruselas el pasado año, de 35.000 MW de eólica terrestre y 3.000 MW de eólica marina en 2020. El sector considera este objetivo poco ambicioso, ya que supondrá moderar su ritmo de crecimiento respecto a al de la pasada década, aunque es razonable en la coyuntura actual. ¿Por qué se siguen poniendo trabas a las energías limpias? ¿Es así como nos vamos a desprender de la dependencia del petróleo y el carbón?
En lo que respecta a la coordinación entre la normativa de la Administración central y las autonómicas, el sector denuncia las dificultades que encuentra para aumentar su competitividad en un contexto en el que las autonomías aumentan las contraprestaciones que piden vía concursos a la vez que implementan nuevas herramientas fiscales, como el canon eólico de Galicia y Castilla-La Mancha. El sector considera que estos nuevos impuestos son innecesarios y ponen en riesgo el atractivo inversor de las comunidades que los implantan.