En España, la pobreza energética afecta al país mismo como importador de energía que se ve obligado a comprarla al extranjero para satisfacer la demanda y, por otro lado, a los consumidores que no pueden hacer frente a los recibos de la luz o el gas.
De este modo, el concepto tiene dos acepciones muy distintas, si bien se encuentran relacionadas. No en vano, la dependencia energética española repercute directamente en la renta de los españoles y en su capacidad adquisitiva, así como en los precios de la energía.
Son muchas las voces que, desde hace mucho tiempo, no cesan de señalar la importancia de la independencia energética para evitar este tipo de pobreza. Tanto a nivel nacional como de la ciudadanía, el autoconsumo a través de las energías renovables nos permitiría luchar contra el problema del alto precio de la energía.
Modelo económico dependiente
Como es sabido, en España la pobreza energética es importante por el tremendo coste que tiene la energía en pérdida de renta nacional, a consecuencia del modelo energético dependiente y, por supuesto, también altamente polucionador. Se trata de un sistema que no potencia las fuentes renovables, cuyo coste sería muy inferior al de la energía que importamos.
La independencia energética, la eficiencia y la reducción de emisiones, por lo tanto, son los puntos fuertes de las energías renovables, a la postre la única fuente propia que tenemos y, por ende, muy probablemente el único arma para acabar con esta pobreza que nos obliga a comprar ingentes cantidades de gas, petróleo, carbón y uranio.
Por otra parte, la situación actual precisa que los particulares sostengan el sistema eléctrico, penalizando al tiempo a las renovables con tasas tras la reciente normativa aprobada. A pesar de una rebaja coyuntural de los precios de la electricidad, la crisis económica ha traído una menor demanda de electricidad, creando un nuevo tipo de pobre: el dependiente energético.
Las cifras dadas a conocer esta misma semana por Cruz Roja son de espanto. Según la organización, cuatro millones (uno de cada diez), no puede pagar la energía para asegurar unas mínimas condiciones de habitabilidad de su vivienda. Además, carecer de la luz y el gas provocan entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año.