Retirada de primas a las plantas solares irregulares en España

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En España, hasta septiembre de 2008, invertir en energía solar fue un buen negocio debido a la primas que pagaba el Estado a la electricidad generada con esta energía limpia y renovable. Pero la ley cambió y la solar comenzó a no ser tan rentable. Así que algunos propietarios de parque solares falsearon los datos para seguir percibiendo esas primas. El Gobierno dio un plazo para regularizar la situación. Ese plazo ya se acabó y ahora busca a los que siguen en situación irregular para ajustar cuentas.

En esta revisión, el consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha decidido suspender de forma cautelar el pago de primas a 304 instalaciones fotovoltaicas, que son las que no han acreditado la instalación de los equipos necesarios para producir energía antes del 30 de septiembre de 2008, fecha en la que entró en vigor la nueva ley. El organismo que regula la energía en España ya había suspendido la retribución hasta la fecha a otras 347 instalaciones. Así, el total del número de plantas en situación legal irregular son 651.

Esta decisión de retirada de primas se ha tomado después de pedir a 9.041 plantas, en aplicación del real decreto 1003/2010, documentos como facturas, albaranes de los equipos, certificados de instalación, justificantes de final de obra, acreditaciones catastrales y pagos de aduanas, es decir, cualquier documento que justificara que la instalación fotovoltaica estaba preparada para funcionar antes de la fecha en que la ley cambiaba y, de este modo, tenía derecho a percibir las primas contempladas en el real decreto 661/2007, primas superiores a las actuales.

Hay que señalar que hubo 840 instalaciones que se acogieron a la llamada amnistía fotovoltaica, es decir, que aceptaron renunciar a la prima de 47,5 céntimos de euros por kilovatio hora (kWh) a cambio de recibir los 32,6 céntimos por kWh del real decreto 1578/2008 y regularizar su situación. El Gobierno prefiere hacer la vista gorda pero mantener las instalaciones de forma legal.

Por un lado, está bien que el Gobierno haga cumplir la ley, su propia ley. Pero el problema es la ley. Una ley que no incentiva la inversión en energía solar. Un país como España debería aprovechar más sus buenas condiciones climatológicas para producir este tipo de energía limpia y renovable y reducir así su dependencia del petróleo y sus emisiones de dióxido de carbono.

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