La difícil transición a una economía sin carbón

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Columnas de mineros asturianos y leoneses caminan hacia Madrid. Es la llamada “marcha del carbón”. Cientos de personas les apoyan. Quieren seguir trabajando. Mineros en paro que no ven ningún futuro ante sus ojos. El problema del desempleo, general en España, a ellos les afecta especialmente.

No es justo. Pero tampoco es justo seguir apostando por la fuente de energía más contaminante y que más contribuye al cambio climático. Un país desarrollado y rico como España no puede depender del carbón para abastecerse energéticamente. Por supuesto, la culpa no es de los mineros, que han trabajado duramente durante años para que muchas personas tuvieran electricidad en casa. Esto no hay que olvidarlo. La solución medioambientalmente responsable y económicamente sostenible es reconvertir a esos mineros en trabajadores de otros sectores. Lo ideal sería que se desarrollaran las renovables, creando puestos de trabajo para ellos.

No es políticamente correcto afirmar esto. Pero grupos ecologistas lo hacen. Ecologistas en Acción advierte de las graves consecuencias medioambientales que tiene la generación eléctrica a partir del carbón. Pese al problema de las cuencas mineras, hay que prescindir de esta fuente energética. Deben existir ayudas destinadas a desarrollar otro tipo de economía en esas regiones.

En 2011, hubo una menor demanda de electricidad. Sin embargo, las emisiones de carbono asociadas al sector eléctrico aumentaron. La culpa fue del carbón: 73 millones de toneladas de CO2, un 25% más que en 2010. Todos los esfuerzos por mitigar el cambio climático son en balde si se sigue usando carbón.

El carbón es la fuente de energía que más emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) genera. Además, en ocasiones se necesita carbón de importación, extraído sin las mínimas garantías laborales, sociales ni ambientales y siguiendo el procedimiento de la minería a cielo abierto, la forma de minería que más impactos ambientales tiene y menos puestos de trabajo genera.

Hay que generar empleo en las cuencas mineras, pero no a través de la extracción del mineral para su uso como combustible. Hay que pasar a una economía sostenible: vivir con menos recursos sin perder calidad de vida, respetando los límites de la naturaleza. Hay que tener en cuenta lo que ocurre en otras regiones como consecuencia del cambio climático: estrés hídrico, descenso en la producción de las cosechas, aumento del nivel del mar, todos ellos factores que están afectando ya a millones de personas.

Inversión con dinero público

Se puede invertir el dinero del Estado en la reconversión de las cuencas mineras o en salvar a los bancos. Ni los mineros ni los ecologistas tienen la culpa de la situación actual (ni de la del sector, ni de la del país).

Durante los últimos años, el sector del carbón español ha recibido ayudas para mantenerse a flote. Pero, ¿de qué ha servido ese dinero? El proceso de reconversión no se ha producido o, en casos como en las provincias de León y Palencia, han servido para impulsar la minería a cielo abierto, generando enormes impactos ambientales. Todas esas subvenciones deberían ser objeto de una auditoría, depurando responsabilidades por mal uso o gestión.

El sistema energético del futuro tiene que apostar por el ahorro, la eficiencia y la promoción de las energías renovables, que, además de generar independencia del exterior, son una fuente de riqueza y una apuesta de futuro. Las energías renovables generan más empleo por unidad de energía. En 2007, el sector de las renovables generaba 89.000 empleos directos, frente a 4.500 del carbón en 2010. Las continuas agresiones al sector de las renovables han supuesto, sin embargo, la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo, en una actividad puntera en el ámbito internacional, sostenible y de futuro.

Se debe lograr un sistema energético racional, democrático y transparente, que se base en las energías renovables. Es técnica y económicamente viable, y genera autosuficiencia y empleo de calidad. Si no se hace esa transición es por cuestiones políticas. Los intereses económicos ligados a la nuclear y al carbón frenan los intereses generales en materia energética y ambiental.

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