La Comisión Nacional de la Energía (CNE) de España ha propuesto al Gobierno un plan para que en los estacionamientos públicos y en los edificios de empresas se instale un puesto de recarga de vehículo eléctrico por cada veinte plazas de aparcamiento.
En el caso de los aparcamientos públicos ya existentes, se plantea que se instale una estación de carga por cada treinta plazas y se dé un plazo de dos años para cumplir con dicha obligación. Las casas unifamiliares, por su parte, deberán contar con el circuito eléctrico necesario para suministrar a un punto de conexión, mientras que los bloques de viviendas tendrán que ofrecer estaciones de carga en el 15% de las plazas, así como una canalización principal. En definitiva, se trata de facilitar a los usuarios de vehículos eléctricos la recarga de éstos.
El organismo supervisor propone también ampliar de uno a tres años el plazo para que las instalaciones que se encuentran en fase de ejecución puedan mantenerse sin adoptar las prescripciones dispuestas en la normativa propuesta, teniendo en cuenta la situación socioeconómica actual.
La CNE considera adecuado que la propuesta, que se materializa en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT y otras instrucciones del reglamento de baja tensión, recoja un amplio rango de esquemas de instalación que otorga al usuario la libertad de elección del esquema que le sea más factible.
También tiene en cuenta la CNE la garantía del acceso universal a la recarga en igualdad de condiciones para todos los usuarios y la utilización eficiente de la energía desde la gestión de recarga. Para ello, propone la inclusión de una disposición adicional para que, salvo en las viviendas unifamiliares, la recarga pueda ser medida de forma individual e independiente del resto de consumos y que el acceso a las infraestructuras y a sus precios no sean discriminatorios entre los potenciales usuarios.
La CNE teme, por tanto, que, si se produce una adquisición masiva de coches no contaminantes, se podría dar una situación de falta de puntos de recarga y de proyectos de nuevas infraestructuras. Hay que facilitar su desarrollo, así como proteger la seguridad del sistema.