No dejan de sucederse las reacciones ante la presentación del decreto-ley (9/2013) de autoconsumo de electricidad, que prácticamente lo anula como alternativa al suministro convencional de electricidad. Como era de esperar, lógicamente el sector cooperativo de energías renovables coinciden al evaluar la reforma propuesta como un golpe mortal al autoconsumo, que lo hará “inviable económicamente” si finalmente acaba aprobándose.

Teniendo en cuenta que el autoconsumo eléctrico permite al mismo usuario generar la energía que va a emplear mediante paneles fotovoltaicos o turbinas, fudamentalmente, dejará de ser más asequible que el suministro tradicional a consecuencia de las penalizaciones (doble contador o tasas de hasta 9 céntimos KW) previstas por la normativa.
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Que el déficit de tarifa alcance cifras de escándalo no tiene por qué derivar en una medida tan extrema como recientemente exigió el rescate bancario español, pero hay que reconocer que sirve bien como campaña devaluante contra las energías renovables. Ni, en el otro extremo, puede afirmarse que la deuda fotovoltaica amenace el sistema financiero, por muy grande que ésta sea.

Tiene su pegada como arma arrojadiza de la patronal eléctrica o Unesa, y lo mismo ocurre cuando los atribulados dueños de un buen número fotovoltaicas advierten de un posible colapso financiero, al no poder asumir su deuda por los tan traídos y llevados recortes a las energías renovables.

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